Parte de lo que se paga del impuesto del IBI pasará a depender de la eficiencia energética de la vivienda. El PP en el Senado ha introducido una enmienda en la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado 2016 que modifica la ley de Haciendas Locales y que dará potestad a los ayuntamientos para rebajar este gravamen hasta un 20% a las casas que más ahorran.

Los PGE 2016 que entrarán en vigor a partir del próximo 1 de enero introducirán esta normativa que pretende incentivar la eficiencia energética en los inmuebles urbanos con

rebajas de hasta un 20% sobre el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de la vivienda.

La bonificación irá disminuyendo a medida que baja la calificación energética del inmueble. Para las viviendas con certificado tipo B la rebaja será de hasta el 16%, para un certificado tipo C hasta el 12%, tipo D, hasta el 8%, y el tipo E, hasta el 4%. Para los

certificados F, G o inmuebles sin certificado se prohíbe la rebaja.

«Se propone a través de esta enmienda fomentar la construcción y adquisición de bienes inmuebles energéticamente eficientes, así como la realización de instalaciones u obras para la obtención de la referida certificación», según el PP en el Senado.

Esta medida, por un lado, permite a los consistorios municipales introducir esta rebaja a la hora de aplicar el IBI pero limita que los ayuntamientos puedan introducir mayores rebajas en cuanto a eficiencia energética de los hogares.

Hasta ahora la Ley de Haciendas Locales permitía rebajas para los inmuebles con instalaciones o sistemas que aprovechen la energía solar pero sin una mención específica a la eficiencia energética en las viviendas y oficinas.

Varios ayuntamientos ya habían hecho declaraciones sobre su intención de aplicar descuentos. Comprimís había anunciado descuentos en el recibo de hasta el 50% en el IBI. Queda aún por aclarar en la normativa, cómo tienen que hacer los propietarios para favorecerse de la rebaja y sacer el certificado energético. Hasta ahora, el certificado de eficiencia energética era solo obligatorio para las viviendas que salían al mercado del alquiler y compraventa.

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